MEJORES MOMENTOS DE SU GOBIERNO

Seguridad y defensa

Véanse también: política de seguridad democrática, Conflicto armado en Colombia, Atentados contra Álvaro Uribe Vélez, Paramilitarismo en Colombia, CONVIVIR y Parapolítica

El Ejército Nacional es parte integral de la Política de Seguridad del Presidente Uribe.

Como parte de una política de seguridad, Uribe sentó unas reglas sobre las condiciones que deben cumplir los grupos ilegales para negociar. Condiciones que han sido rechazadas por las FARC, tímidamente seguidas por el ELN y asumidas por las AUC, lo que conllevó al proceso de desmovilización de paramilitares en Colombia. El proceso resultante fue cuestionado por varios críticos que temen que las condiciones no sean suficientes para impedir que haya un grado, para ellos inaceptable, de impunidad en torno a materias como los crímenes de lesa humanidad o el narcotráfico, así como la reparación a las víctimas que no ha sido eficiente y algunas de las personas que han reclamado reparación han sido perseguidas o asesinadas.^{[53] [54]} Algunos informes de prensa han revelado que algunos de los desmovilizados siguen presuntamente delinquiendo desde la cárcel y existen varios grupos emergentes que continúan con las prácticas paramilitares y de narcotráfico.^[55] El proceso de desmovilización de paramilitares en Colombia ha servido, no obstante, para disminuir la tasa de criminalidad^[56] y gracias a la confesión plena, que impuso la Corte Constitucional, para dar a conocer públicamente los vínculos de políticos con los grupos armados ilegales. El gobierno asegura que gracias a su gestión se ha desmontado al paramilitarismo.^[57]

Su gobierno ha sido criticado por presuntas violaciones recurrentes a los derechos humanos. Estas críticas han venido de diversas organizaciones sociales [2]. La organización de derechos humanos Human Rights Watch ha conminado al gobierno de Estados Unidos a expresar su preocupación por ese mismo tema.^[58]

Durante el 2005, se desataron en Colombia una serie de investigaciones que comprometían a varios aliados políticos y a algunos funcionarios del gobierno Uribe con grupos paramilitares ilegales colombianos en lo que se denominó la "Parapolítica".

En el 2006 salieron a relucir revelaciones adicionales. A este proceso se le conoce como el escándalo de la parapolítica. Según las investigaciones varios dirigentes políticos se habrían beneficiado de estas alianzas por medio de la intimidación y la acción armada de los grupos paramilitares contra la población civil, algunos habrían presuntamente alcanzado cargos en alcaldías, consejos, asambleas municipales y gobernaciones así como en el Congreso de la República y otros órganos estatales superiores. A su vez algunos de los políticos y funcionarios desde sus cargos habrían desviado dineros para la financiación y conformación de grupos armados ilegales y habrían filtrado información para facilitar y beneficiar las acciones de estos grupos dentro de las que se incluyen masacres, asesinatos selectivos, desplazamientos forzados y otras acciones criminales también graves y considerables que tenían por objetivo extender el poder parapolítico en el territorio nacional.^[59]

El 17 de noviembre de 2006, en su discurso con motivo de la Conmemoración de los 120 años de la Corte Suprema de Justicia, el Presidente Álvaro Uribe llamó a los congresistas y funcionarios públicos que tuvieran nexos con los paramilitares a "decir la verdad", declarando que la responsabilidad penal es individual y no puede afectar a las instituciones a pesar de que haya que meter a la cárcel a congresistas y funcionarios públicos, y reiteró "que si hay alguno de los treinta mil paramilitares que puedan decir que el Presidente de la República ha sido cómplice, que lo digan".^[60]

Entre los funcionarios investigados se encuentran Jorge Noguera Cotes ex director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y ex-cónsul en Milán; Luis Camilo Osorio, ex Fiscal General nombrado embajador en México y Salvador Arana, ex gobernador del departamento de Sucre y ex-embajador encargado en Chile.^[61] El congresista Mario Uribe Escobar, primo del presidente y uno de sus principales aliados políticos, también fue vinculado a una investigación por sus presuntos vínculos con el paramilitarismo.^[62]

En el año 2007, el senador Gustavo Petro denunció en un debate parlamentario que entre 1995 y 1997 Salvatore Mancuso, Javier Piedrahita, José María Barrera, Mario Prada Cobos, Rodrigo Mercado Pelufo alias Cadena, Salomón Feris, Jorge Luis Alfonso López alias Monoleche y varios familiares de Enilse López, entre otros, participaron en las cooperativas de seguridad CONVIVIR durante la gobernación de Álvaro Uribe en Antioquia y dijo que operaron alrededor de ochenta de ellas en el departamento.^[63]

A raíz de la presión de las FARC para llevar a cabo un intercambio de secuestrados por militares, y las prebendas para negociar el llamado "Acuerdo humanitario", el Gobierno de Álvaro Uribe fue criticado por el intento de rescate de un grupo de secuestrados por las FARC, quienes al notar la inminente operación de rescate decidieron ejecutar a los secuestrados, incluyendo al gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria Correa. El Papa Juan Pablo II manifestó su "hondo pesar" por las muertes de los políticos y militares colombianos, en tanto que la Unión Europea condenó los asesinatos de las FARC y pidió la liberación de todos los secuestrados, algo que no fue satisfecho por parte de la guerrilla.^[64]

A pesar de esto miles de secuestrados fueron liberados por vía militar o policial. El 2 de julio de 2008 el Ejército Nacional colombiano realizó un histórico rescate de 15 secuestrados entre los que se encontraban la ex-candiadata Íngrid Betancourt, 3 ciudadanos norteamericanos y 11 militares colombianos, denominada "Operación Jaque".